Tras realizar diferentes comprobaciones se constató que en un edificio donde ya había instalada una antena de telefonía móvil, se compartía el emplazamiento sin el correspondiente permiso de la propiedad. Se reclamó al operador tal anomalía obteniendo una subida de la renta del 45% anual más de lo que cobraban, más 11.000 euros en concepto de atrasos.